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Para muchas personas con hipoacusia, insertarse en el mundo laboral implica enfrentar obstáculos cotidianos: entrevistas sin apoyos comunicacionales, reuniones difíciles de seguir, espacios ruidosos y prejuicios sobre sus capacidades. Empatizamos con quienes deben esforzarse más para demostrar su talento. Sin embargo, estas barreras pueden ser aún mayores fuera de las grandes ciudadaes, donde acceder a diagnóstico, controles o tecnologías auditivas suele requerir largos viajes y costos adicionales para las familias.
La hipoacusia no debiera transformarse en una desventaja determinada por el lugar donde se vive. Sin embargo, en Chile persisten diferencias territoriales en el acceso a salud auditiva: disponibilidad de especialistas, programas de tamizaje neonatal, exámenes diagnósticos, rehabilitación fonoaudiológica y seguimiento.
La detección temprana es un primer paso fundamental. El Hospital San Pablo de Coquimbo implementó en 2022 un programa de tamizaje auditivo universal para recién nacidos, acumulando más de 2.292 atenciones durante su primer año. Esta experiencia demuestra que los programas pueden desarrollarse fuera de Santiago y que la pesquisa temprana puede acercarse a las familias desde los propios territorios.
Pero detectar no basta. Tras un resultado alterado, cada niño o niña debe acceder a confirmación diagnóstica, orientación familiar, intervención y controles oportunos. Cuando esos servicios están concentrados en grandes centros urbanos, las familias de zonas rurales o localidades apartadas enfrentan traslados, ausencias laborales, gastos y tiempos de espera que pueden interrumpir esa cadena de cuidados.
La evidencia disponible advierte que Chile necesita fortalecer la cobertura y la trazabilidad de la atención auditiva. De acuerdo con la Universidad de Chile, existen brechas territoriales significativas: mientras algunas regiones alcanzan coberturas altas de tamizaje, otras no superan el 40%. Además, la falta de un registro nacional individualizado dificulta el seguimiento de los recién nacidos que requieren nuevas evaluaciones.
La inclusión territorial exige pensar en redes de atención, no solo en prestaciones aisladas. Esto significa asegurar equipos capacitados en cada región, protocolos de derivación claros, coordinación entre atención primaria y especialidades, telemedicina cuando sea pertinente y financiamiento que considere los costos de vivir lejos de los centros de referencia.
También requiere escuchar a las familias y a las propias personas con hipoacusia. La distancia geográfica no debe convertirse en distancia de derechos. Un niño o niña que nace en una localidad rural merece las mismas posibilidades de detección, acompañamiento y desarrollo que quien nace cerca de un hospital de alta complejidad.
Avanzar hacia una salud auditiva más equitativa significa reconocer que el lugar en que se nace no puede definir el futuro comunicativo, educativo, social y laboral de una persona. La inclusión comienza cuando el acceso llega a todos los territorios.
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